Editorial
Duterte y el retroceso democrático de Filipinas: una prueba de resiliencia institucional
Bajo el liderazgo de Duterte, el sistema democrático de Filipinas ha experimentado un notable retroceso, pero sus raíces no son culpa de un solo hombre, sino la acumulación a largo plazo de la política de élites y las debilidades institucionales. Este artículo se basa en la investigación de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y analiza los factores estructurales de la crisis democrática en Filipinas y sus implicaciones globales.
Argumento central
Durante más de dos años de gobierno de Duterte, los indicadores democráticos de Filipinas se han deteriorado drásticamente. Sin embargo, este retroceso no es una dictadura personal aislada, sino que se asienta sobre bases estructurales como una democracia de élites corrupta, débiles restricciones institucionales y una profunda desigualdad social. Estados Unidos, como antigua potencia colonial, con la ausencia de sus políticas de apoyo a la democracia, ha agravado aún más la crisis. En el contexto del retroceso democrático global, el dilema de Filipinas plantea una cuestión clave: ¿puede el sistema democrático arraigarse realmente en sociedades que carecen de fundamentos de modernidad?
Duterte y el retroceso de la democracia filipina: una prueba de resiliencia institucional
En 2016, Rodrigo Duterte fue elegido presidente de Filipinas con el 39% de los votos. Su elección no sorprendió en sí misma: los filipinos ya estaban descontentos con el aumento de la delincuencia y la corrupción de las élites políticas tradicionales, y esperaban que un líder fuerte pudiera traer orden y eficiencia. Sin embargo, hoy, dos años y medio después, lo que deja el gobierno de Duterte no es solo "orden". En esta antigua colonia estadounidense, las instituciones y normas democráticas están experimentando un profundo retroceso, de una manera que es a la vez violenta y legal.
¿Un hombre fuerte, o el colapso de las instituciones?
La guerra contra las drogas de Duterte es la ventana más directa para observar su estilo de gobierno. Según un estudio de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, esta campaña no solo ha causado miles de muertes, sino que, lo que es más importante, ha erosionado sistemáticamente el Estado de derecho y los derechos humanos básicos. Las operaciones policiales a menudo carecen del debido proceso, y el sistema judicial es extremadamente débil a la hora de rendir cuentas por los asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, lo más alarmante es que este retroceso no se ha logrado enteramente por medios ilegales. El gobierno de Duterte ha utilizado el enorme poder del poder ejecutivo, mediante medidas nominalmente legales como la reorganización de la burocracia, la intervención en el Congreso y el debilitamiento de la oposición, para ir reduciendo progresivamente el espacio de funcionamiento de las instituciones democráticas.
Esta "no libertad mediante la ley" no es original de Duterte, pero en sus manos ha sido perfeccionada. Filipinas tiene un sistema presidencialista altamente centralizado, en el que el presidente controla un enorme poder sobre el presupuesto y los nombramientos, mientras que los partidos políticos son extremadamente débiles. Después de las elecciones, un gran número de legisladores se pasó a la coalición gobernante, formando una "supermayoría" de facto. Aunque existen acciones de desafío por parte de la oposición y la sociedad civil, nunca han logrado constituir una contención efectiva.
Las raíces de la democracia y el ciclo de las élites
Para entender la situación actual, es necesario remontarse a la Revolución del Poder Popular de 1986. Ese movimiento no violento derrocó la dictadura de Marcos y restauró el sistema democrático. Sin embargo, la democracia restaurada arrastró desde el principio un defecto congénito elitista. El poder político y los recursos económicos están altamente concentrados en manos de una oligarquía orientada a las familias. Las grandes familias como Aquino, Marcos y Cojuangco han monopolizado durante mucho tiempo el escenario político; los partidos no son más que instrumentos al servicio de intereses personales y familiares, y no organizaciones públicas que sustenten ideas de políticas.
Precisamente por eso, la democracia filipina siempre ha carecido de una base social profunda. Aunque la tasa de pobreza ha disminuido, en 2015 todavía alcanzaba el 21,6%, y el coeficiente de Gini se ha mantenido durante mucho tiempo en torno a 0,43, lo que convierte al país en una de las sociedades más desiguales de Asia. Aunque la clase media ha crecido, sigue siendo frágil; la mayoría de la población se enfrenta a un sistema judicial rezagado, una burocracia corrupta y políticas económicas dominadas por la oligarquía. En este contexto, la justicia procesal de la democracia no se ha traducido en bienestar sustancial, por lo que es natural que la confianza de los ciudadanos en la democracia haya sido difícil de construir.El gobierno de Aquino III (2010-2016) intentó corregir algunos problemas arraigados, como impulsar la reforma fiscal, ampliar la protección social y alcanzar un marco de paz con los rebeldes musulmanes del sur. La tasa de crecimiento económico llegó a alcanzar el 6,5%, y la disciplina fiscal también mejoró. Sin embargo, estas reformas no tocaron la estructura fundamental de las élites, y las deficiencias en infraestructura e instituciones seguían siendo graves. Más importante aún, el estilo de gobernanza de Aquino resultó arrogante y distante, sin lograr desprenderse de la lógica de alianzas de las familias políticas tradicionales. Cuando Duterte, con el lema del "cambio", desafió lo políticamente correcto de manera brusca y directa, la desilusión popular se transformó rápidamente en apoyo hacia él.
La ausencia de la comunidad internacional y de Estados Unidos
Como antigua potencia colonial, Estados Unidos ha considerado a Filipinas como un escaparate de la democracia en Asia desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad es que Washington ha mostrado una gran tolerancia hacia el gobierno de Duterte. La administración Trump casi no criticó la situación de los derechos humanos en Filipinas, mientras que la cooperación en seguridad y los intereses geopolíticos estratégicos prevalecieron de manera abrumadora. El Instituto Carnegie señaló que el apoyo de Estados Unidos a la democracia y los derechos humanos en Filipinas ha sido gravemente insuficiente, y que las organizaciones no gubernamentales y los recursos diplomáticos han sido comprimidos durante mucho tiempo.
Esta actitud no es un fenómeno aislado. A escala mundial, las democracias responden cada vez con más cautela a los retrocesos democráticos externos. Cuando la "política del hombre fuerte" se convierte en una herramienta eficaz para responder al sentimiento populista, el espacio para la intervención externa se vuelve estrecho. Pero el caso de Filipinas demuestra que una "autonomía democrática" sin contrapesos puede ser más destructiva que la presión externa. El silencio selectivo de Estados Unidos, en realidad, toleró las transgresiones del gobierno de Duterte.
Tendencias a largo plazo: ¿de dónde proviene la resiliencia de la democracia?
El retroceso democrático en Filipinas no era inevitable, pero ciertamente revela cuán frágiles son las condiciones institucionales que sostienen el funcionamiento eficaz de la democracia. Cuando los frutos del desarrollo económico no se comparten ampliamente, cuando los partidos políticos no están profundamente conectados con la sociedad civil, y cuando el poder judicial y los órganos de supervisión no pueden operar de manera independiente, la democracia es solo un edificio construido sobre arenas movedizas.
La política filipina futura dependerá de varias variables clave: ¿podrá la clase media generar una movilización política más fuerte? ¿Mantendrán los militares su neutralidad política? ¿Podrán las instituciones legales defender la justicia procesal en casos clave? Además, el proceso de paz en el sur, la diversificación de la estructura económica y la participación política de la generación más joven influirán en el ecosistema democrático.
Desde una perspectiva global más amplia, el caso de Filipinas nos recuerda que la democratización no es un trasplante institucional de una sola vez, sino un proyecto social a largo plazo. Requiere educación, equidad económica, una cultura de estado de derecho y la corrección mediante el ensayo y error constante. Cuando estas condiciones faltan, la llamada "democracia" puede ser fácilmente secuestrada por líderes populistas y degenerar en autoritarismo disfrazado de mandato popular.
La historia de Filipinas aún está a mitad de camino. El retroceso bajo el mandato de Duterte ha dejado heridas, pero la estructura subyacente de la democracia —la constitución, los medios de comunicación, la sociedad civil— no se ha derrumbado por completo. Cómo prevenir el próximo retroceso y cómo restaurar la confianza en las instituciones no es solo una tarea de Filipinas, sino también un espejo para todos los países que atraviesan polarización política y ansiedad democrática.
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